Echan a una pareja gay de una cafetería de Granada por agarrarse de la mano

 30 Ene 2015

Álvaro Morales y Rubén Guijarro, dos jóvenes de 18 años, estudiantes universitarios, fueron expulsados en la mañana de hoy de la cafetería Avenida Madrid de Granada, por agarrarse de la mano según informó la revista RAGAP.
El dueño del bar, en declaraciones a este periódico, reconoció los hechos, aunque según su testimonio, “solo” les llamó “la atención” porque “se estaban agarrando de la mano y había niños delante”. En un primer momento el camarero negó los hechos, aunque luego los reconoció. A la pregunta “¿qué tiene de malo que los niños vean eso?”, el camarero prefirió no contestar.
Según denuncian los afectados, en declaraciones a RAGAP, el camarero fue hasta su mesa y les dijo, “en tono despectivo” que nos comportásen y salieran del bar”, explica Álvaro. “Hemos sido claramente víctimas de homofobia”, afirma la pereja.
El camarero, por su parte, matiza que “sólo” les dijo “que se comportaran” y que se fueron una vez terminado el desayuno.
Por el momento, la pareja no ha denunciado el caso ante la Policía.
Fuente: Andaluces diario

El juez Andreu imputa a 78 exdirectivos de Caja Madrid por el uso de las tarjetas 'black'

Cargaron gastos personales por más de 15 millones de euros entre 2003 y 2012, cuando la entidad fue rescatada. Además, el juez cita a declarar a los cinco directivos que nunca usaron estas tarjetas.

Blesa y Rato, el 28 de enero de 2010, tras el acto de relevo en la presidencia de la entidad, entonces Caja Madrid. EFE

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a los 78 exdirectivos de Caja Madrid que utilizaron las tarjetas fantasma black, o B, por un delito de administración desleal o apropiación indebida.

Los directivos gastaron un total de 15,2 millones de euros, entre 2003 y 2012 a través de este plástico que les fue entregado para gastar a cargo de la entidad que luego fue rescatada.

Sin embargo, Andreu sólo ha citado, por ahora, a 27 consejeros y administradores de Bankia, para tomarles declaración entre el 16 y 18 de febrero.

La imputación de los exdirectivos de Caja Madrid había sido solicitada por la Fiscalía, la acusación particular y la acusación popular que ejerce el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD).

En su auto el juez central de instrucción 4 explica que lo fundamental a partir de ahora es dilucidar el concepto por el que emitieron y entregaron las tarjetas de crédito, tanto a los consejeros como a los directivos, de ahí que en este momento el juez distingue entre los administradores y los directivos.

El juez instructor resuelve que en este momento procesal existen serias dudas sobre el carácter de los gastos originados por esas tarjetas. Lo que pretende aclarar el juez es si se emitieron como gastos de representación o como complemento de retribución, supuestos que definirían los delitos de administración desleal o apropiación indebida.

Andreu hace constar en el auto que si se trataba de una tarjeta de empresa para hacer frente a los gastos de representación, no existe soporte contractual, ni previsión estatutaria, ni decisión de los órganos de gobierno en tal sentido. Además, recuerda que se terminaron entregando este tipo de tarjetas a consejeros y directivos con unos fines completamente distintos a los previstos en los gastos de representación, "convirtiendo su entrega en una remuneración irregular, de forma que con un límite mensual según el cargo que ocupase su beneficiario, se podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía de cada tarjeta, y todo ello teniendo en cuenta que, según se informa por Bankia, junto a estas tarjetas, los consejeros o ejecutivos disponían de otra tarjeta de empresa".

Por ello, el juez tiene serias dudas de que se trataran de tarjetas de empresa, atendiendo a estas razones y a los gastos efectuados con estas tarjetas.

A este respecto, el juez cita la reciente sentencia del Tribunal Supremo, cuando establece que "el más elemental sentido común impone al titular de una tarjeta de empresa excluir su utilización para gastos personales, que no revistan la naturaleza de gastos de
representación y que sean ajenos al ámbito de la empresa que la sufraga, sin necesidad alguna de limitación expresa de quien haya autorizado el uso de la tarjeta".

Ahora bien, ante la otra opción de considerarlas como retribución, tal y como han declarado algunos consejeros, el juez tampoco entiende por qué en ese caso algunos de los beneficiarios nunca las utilizaron "o el por qué la mayoría de los usuarios no llegaba a agotar el saldo de las que eran beneficiarios, saldo que no se traspasaba a dicho beneficiario, sino que quedaba en la entidad emisora de la tarjeta, haciendo así una dejación incomprensible de una retribución a la que al menos los directivos, tendrían derecho".

En el auto, el juez expone que todas las auditorías y el informe pericial concluyen que las tarjetas se emitieron fuera del circuito ordinario; carecen de soporte contractual (en el contrato de trabajo o mercantil) o acuerdo de los órganos de gobierno de Caja Madrid;  su utilidad "no tenía como finalidad los gastos de representación o gastos relacionados con actividades profesionales" de los directivos, ni las cantidades recibidas eran declaradas a la Hacienda pública.

Para aclarar todos estos términos el juez quiere oír también como testigos a los cinco directivos que nunca usaron las tarjetas y al ex presidente de caja Madrid Jaime Terceiro. A estos seis testigos les cita para el 20 de febrero.

Los 78 imputados ahora tendrán que designar abogado y personarse en la causa. En su auto el juez también pregunta a Bankia y la Fundación Caja Madrid que le informen sobre los beneficiarios de las tarjetas que han devuelto el dinero, con indicación de los importes.

El juez ya imputó por estos hechos a los expresidentes de Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa y al exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, amplía la responsabilidad, entre otros, a exconsejeros como Ricardo Romero de Tejada, Estanislao Rodríguez Ponga y Jesús Pedroche (PP), Antonio Romero y Virgilio Zapatero (PSOE), José Antonio Moral Santín (IU), José Ricardo Martínez (UGT) y Rodolfo Benito (CCOO).

Fuente: Periódico Público

La fiscalía pide 123 años de cárcel para Correa y 42 para Bárcenas por Gürtel

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un total de 123 años y 4 meses de prisión para Francisco Correa, el supuesto cerebro de la trama Gürtel de corrupción instalada en el PP y de 42 años y seis meses para Luis Bárcenas, el extesorero de la formación conservadora que atesoró 48 millones de euros en cuentas suizas.
En un escrito de 512 páginas, las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás consideran al PP y a la exministra de Sanidad Ana Mato partícipes a título lucrativo –beneficiarios pero no conocedores- de los delitos atribuidos a la trama.

La actual diputada, según la fiscalía, se benefició de 28.468 euros obtenidos ilegalmente por su exesposo, el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda. El partido se benefició, según el ministerio público, en 328.440 euros. Anticorrupción solicita casi 800 años de presidio para los 41 acusados.
Bárcenas se encuentra imputado por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa. Por su parte, la fiscalía acusa a Correa de asociación ilícita, falsedad, malversación, tráfico de influencias, delitos fiscales y estafa, entre otros tipos penales.
La fiscalía pide la declaración como testigo en el juicio de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, así como del único extesorero del PP que no ha resultado imputado en esta causa: Rosendo Naseiro.
Aguirre ha evitado pronunciarse sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado su comparecencia en el juicio delcaso Gürtel como testigo, un silencio que han mantenido igualmente la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el presidente autonómico madrileño y secretario general de los conservadores madrileños, Ignacio González. Los tres han participado en unas jornadas sobre seguridad organizadas por el PP en la capital de España.

El pasado 26 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio por cerrada la investigación de la primera fase del caso Gürtel, con operaciones que se circunscriben a las comunidades de Castilla y León y Madrid, y a los ayuntamientos de Madrid, Pozuelo y Majadahonda, así como la localidad de Estepona (Málaga). En el auto de conclusión del sumario, Ruz propuso sentar en el banquillo a 43 personas, aunque posteriormente aceptó un recurso del imputado Enrique Carrasco al entender que sus delitos de cohecho y tráfico de influencias habían prescrito.

Según relataba el auto del pasado noviembre, Francisco Correalideraba una red creada en los años noventa que se especializó en organizar eventos y campañas electorales del PP. La trama aprovechaba los contactos en el partido para conseguir adjudicaciones públicas. El entorno de Correa se encargaba de hacer regalos a funcionarios y cargos que supuestamente intervenían para favorecer los negocios de las empresas de la trama.

Durante los cinco años que ha durado la instrucción se han hallado indicios de que el grupo de Correa contactó con los Ayuntamientos citados y consejerías autonómicas, organismos de los que logró contratos y adjudicaciones irregulares, según los indicios recogidos por el juez. A cambio, la red realizaba regalos, entregas en efectivo o pagaba viajes a los imputados. El juez concluye que al menos 348 actos de la Comunidad de Madrid fueron adjudicados directa o indirectamente a empresas controladas por la red. Además, Ruz sostiene que "Correa puso a disposición de determinados cargos públicos su propio entramado societario con el fin de ocultar la titularidad y el origen de los fondos" obtenidos de forma ilícita.

El magistrado considera a la ministra de Sanidad, Ana Mato, “partícipe a título lucrativo” de los delitos supuestamente cometidos por su exesposo y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda, y a Gema Matamoros, esposa de Guillermo Ortega, exregidor de Majadahonda. Tanto la ministra como Matamoros estarán sentadas en el banquillo durante la vista oral, no como procesadas sino como responsables civiles de estos supuestos delitos, y esta es la conducta que se va a estudiar en el juicio, según confirman fuentes jurídicas. El Partido Popular permanece en la causa en su condición de partícipe a título lucrativo.

Fuente: El país

El Consejo de Europa considera ilegales las devoluciones en caliente de inmigrantes

El comisario de Derechos Humanos subraya que el plan del Gobierno supone "el principio del fin del derecho de asilo".

 

El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks. 

MADRID.- El comisario europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, considera que "las devoluciones en caliente" de inmigrantes en la frontera "no se ajustan a la legalidad internacional" y legalizarlas pondría en riesgo el sistema de protección de asilo. El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (también conocida como Ley Mordaza), actualmente en tramitación parlamentaria, ha incluido una enmienda del PP que permitirá devolver sobre la marcha a las personas interceptadas en el salto de las vallas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

 

El comisario de Derechos Humanos, tras visitar Melilla y entrevistarse en Madrid con responsables de distintas administraciones, con fuerzas de seguridad, y miembros de las ONG, ha advertido de que si España aprueba la reforma prevista en la Ley de Seguridad Ciudadana  crearía "un precedente muy negativo". "He visto devoluciones sumarias en muchos países pero en ninguno se ha introducido en la legislación. Que España lo hiciera, seria un precedente muy negativo. Seria el principio del fin del sistema de asilo", ha subrayado el comisario.

En una rueda de prensa en la sede del Defensor del Pueblo, el representante del Consejo de Europa, ha dicho que espera que el Gobierno español "busque una solución" para que la legislación española se ajuste a las obligaciones contraídas en sus acuerdos internacionales. "Queda claro que esta práctica no se ajusta a la legalidad ni de la UE, ni del Consejo de Europa ni de Naciones Unidas", ha insistido. 

Con todo, ha recordado que la Unión Europea dispone de sus propios mecanismos de sanción para los Estados que incumplan la legalidad. Desde el Consejo de Europa, la mayor sería apoyar una denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos, algo que tiene que instar un particular habiendo agotado la vía judicial en España y que, en relación a las devoluciones en caliente, nunca se ha producido. 

Fuente: Público

Muere el etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga

Condenado por el asesinato de tres guardias civiles y por el secuestro de Ortega Lara, llevaba más de dos años en libertad condicional por sufrir un cáncer terminal.

 

Bolinaga, en una imagen de archivo, saliendo del hospital. 

 

El etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, condenado por el asesinato de tres guardias civiles y por el secuestro de José Antonio Ortega Lara, ha muerto esta madrugada, según fuentes conocedoras de su situación. 

 

Bolinaga, que padecía cáncer desde hace años, estaba fuera de prisión a causa de su enfermedad desde septiembre de 2012 por decisión de la Audiencia Nacional. 

Entonces su excarcelación provocó mucha polémica entre las filas del PP y muchas críticas entre los colectivos de víctimas, que se enfrentaron al Gobierno de Mariano Rajoy. Al salir de prisión, a Bolinaga los médicos le daban sólo nueve meses de vida, pero ni siquiera esa circunstancia aplacó a algunos colectivos de víctimas.

La polémica ha durado todo este tiempo: incluso el pasado miércoles, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, recordaba que hay cuatro decisiones judiciales en favor de la libertad condicional de Bolinaga. En una entrevista en RNE, el ministro ya dejó ver lo avanzado de la enfermedad que sufría el etarra.

Al salir de prisión, los médicos daban nueve meses de vida a Bolinaga

Esta misma semana la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió para él 29 años de prisiónacusándole de asesinar, el 8 de junio de 1986, al agente de la Guardia Civil Antonio Ramos Ramírez en la localidad guipuzoana de Mondragón, junto a otros dos etarras, Javier Ugarte Villar y José Luis Erostegui. El fiscal le acusó de ser el "el autor material" del asesinato, encargado de efectuar los disparos que acabaron con la vida del agente.

Por este mismo crimen el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó en abril de 2014 prisión domiciliaria para el etarra, después de un año y medio en libertad condicional. No obstante, en junio la Sección Segunda de la Audiencia Nacional estimó el recurso de Bolinaga y anuló la medida, permitiéndole volver a la libertad condicional.

Fuente: Público

“Nos vamos a Siria a luchar por Alá. Pagan bien”

Un joven marroquí que emigró a Barcelona confiesa que se ha unido al islamismo radical

Fachada de la casa de Terrassa (Barcelona) donde vivía uno de tres los yihadistas detenidos hace diez días en Bulgaria 

Fátima, una joven de origen marroquí afincada en Barcelona desde hace más de 10 años, llevaba tiempo sin tener noticias de su amigo
Hassan. Lo último que sabía de él, de hace tres o cuatro meses, es que se había ido a algún país de centroeuropa, suponía que a buscar trabajo. Pero el domingo 21 de diciembre, casi a la hora de comer, Hassan, de 23 años, contactó con ella por Whatsapp. Le llamaba para despedirse. Este es un extracto de la conversación que mantuvieron los dos jóvenes:

—Nos vamos a Siria. No se lo digas a ninguno, ¿vale?

—Y eso, ¿por qué te vas a Siria?

—Por Allah.

—¿¿¿Estás loco o qué???

—No se lo digas a nadie.

—¿Hablas en serio?

—Sí. Pagan bien. Hay mucho peligro. Cuídate princesa, ¿vale? Voy a dejar tu número a uno. Venga, voy a dormir para levantarme para coger camino. Si pasa algo, tú lo sabrás la primera.

Tras el intercambio de mensajes, Hassan llamó a Fátima y los jóvenes hablaron durante unos minutos. Tal y como le había sugerido su madre, ella grabó la conversación.Cuando Hassan (nombre ficticio) cortó la conversación, Fátima, que tampoco se llama así pero prefiere mantener el anonimato, telefoneó a su madre, que ha trabajado y conocido en Barcelona a muchos jóvenes que flirtean con el islamismo radical. “Mi hija estaba sorprendida, pero creo que al principio no se daba cuenta de lo grave que era lo que le estaba diciendo el chico”, cuenta la mujer en una conversación por teléfono con este periódico. “Fui yo quien le dije que intentara averiguar más y que teníamos que informar a los Mossos”.

Hassan habla con frases cortas. Cuenta que, además de a Fátima, solo le ha contado sus planes a su madre. “Me ha dicho que si tengo que irme, que vaya. Adiós”, dice. ¿Tú no sabes que te puedes morir?, le pregunta su amiga. “Tengo ganas de morir, ya no tengo nada, nadie me quiere”, asegura el joven marroquí. “Lo hago por Alá. Me gusta”, afirma. La amiga intenta conocer algún detalle más sobre el viaje. ¿Con quién va? ¿Quién lo paga? Hassan le cuenta que va con un amigo y con otros a los que no conoce. Y que el billete es gratis, “todo es gratis” y “pagan bien”, insiste. “Por Alá puedes hacer muchas cosas, pero no irte a morir, qué mira la edad que tienes”, le dice Fátima desesperada.Son casi las 16.00 del domingo y a Hassan se le entiende mal, confiesa que está medio adormilado. Le cuenta a su amiga que se va a las 12 de la noche. No lleva pasaporte y le van a dar unas tarjetas de identidad falsas. Admite que no es la primera vez que va. “¿La otra vez que desapareciste también estuviste en Siria?”, le pregunta Fátima, que empieza a atar cabos de los meses en los que no tuvo noticias de su amigo. Le extrañaba no saber nada de él, pero no sospechaba que hubiera podido entrar en contacto con grupos yihadistas. “Tú en Barcelona no eras así, no hacías esas cosas raras, a ti te han comido la cabeza”, le dice la joven.

Según reveló hace diez días el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Ramon Espadaler, los Mossos d’Esquadra tienen constancia de que, al menos, una veintena de personas que vivían en Cataluña han viajado desde el año 2013 a Oriente Próximo para unirse al Estado Islámico. Espadaler ofreció estos datos, después de que se hiciera pública la detención en Bulgaria de tres residentes de la provincia de Barcelona que, como Hassan, trataban de llegar a Siria para alistarse en el grupo terrorista.El domingo por la tarde, tras el sorprendente anuncio de Hassan, la joven cae en la cuenta de que hace meses que perdió el rastro de varios de sus amigos marroquíes de Barcelona. Lo único que sabía de ellos era que estaban en Europa, pensaba que trabajando. “Ahora está convencida de que pueden estar haciendo lo mismo que este chico”, dice la madre. Los Mossos d'Esquadra estuvieron en su casa el lunes escuchando su relato, leyendo los mensajes, viendo fotos de amigos. Le dijeron a la joven que tuviera cuidado.

“Yo me quedé asustada de lo que iba contando mi hija, de cómo veía posible que tantos amigos estuvieran metidos ahí”, dice la madre. Durante la conversación por teléfono del domingo, Hassan le contó a Fátima que un día fue a una tienda a comprar unas cuchillas y que el hombre que le atendió acabó convenciéndole para que le acompañara a una mezquita. Allí conoció a otros jóvenes que, como él, apenas tenían familia ni recursos para subsistir.

“Buscan este perfil”, apunta la madre, que asegura haber conocido a muchos jóvenes que, como Hassan, llegaron a España con 16 ó 17 años en patera o en los bajos de un camión. Él se fue a Barcelona porque ya tenía allí algún familiar y amigos de su barrio de Marruecos. “Muchos malviven, muy pocos trabajan, algunos roban”. Es el caso de Hassan, según ha confesado Fátima a su madre. “Les enrolan como soldados del islam y les pagan mucho dinero. Eso les engancha. A la vez les van comiendo el coco con que tienen que matar a infieles y morir por Alá. Les capturan como a pájaros”. En los mensajes enviados por Hassan a su amiga, el joven marroquí presume de que ahora puede vestir ropa cara y le envía fotos para que vea lo cambiado que está. “Comemos bien. Llevamos ropa de marca y no tenemos que robar”, le dice.

Hassan volvió a dar señales el lunes por la noche. Esta vez por Facebook. Todavía seguía en Europa. Contó que les habían sacado de madrugada para llevarles “a otro sitio”. Ya les habían dado sus tarjetas de identidad falsas, pero no les habían concretado cuando saldrían para Siria. De momento, les habían trasladado a otro lugar en el que estaban “entrenando” y “guardando material de guerra”. También les dan “charlas”, contó el joven. En España no le espera nadie, probablemente solo alguna causa penal pendiente. En Siria, la posibilidad de morir por Alá. Hassan parecía no tener duda de su elección: “Lo hago porque quiero”, le aseguró insistentemente a su amiga.

Fuente: Periódico El Mundo
 

MURCIA 

Ofrecían a los clientes 400 mujeres a la carta, entre ellas menores

Adolescentes prostituidas por Whatsapp

Detenidos 14 miembros y 15 clientes de una red que prostituía en Murcia a menores

Los arrestados convencían a las chicas para que comenzaran a trabajar de masajistas

Durante la investigación han sido identificadas 12 víctimas adolescentes

Ofrecían las adolescentes a clientes de alto nivel que pagaban entre 80 y 200 euros

Además, se han realizado tres registros domiciliarios, dos inspecciones en locales públicos y se han intervenido dos vehículos. La trama había confeccionado un book fotográfico en el que ofrecían "a la carta" a más de 400 mujeres, incluyendo a a 12 menores, según ha hecho saber en rueda de prensa el director de la Policía, Ignacio Cosidó, acompañado del delegado de Gobierno; el jefe superior de la Región de Murcia, Cirilo Durán y el comisario jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Región, Alfonso Navarro.

A finales de agosto del pasado año se tuvo conocimiento de la desaparición de una menor de 17 años de nacionalidad ecuatoriana. Sus progenitores indicaron que desde hacía tiempo su hija mantenía un alto nivel de vida, pero que sin embargo no le conocían trabajo remunerado alguno.

Tras llevar a cabo numerosas gestiones indagatorias, a mediados de octubre se logró localizar a la menor en un piso de la capital murciana, en el que también residían otras chicas y un matrimonio dueño de la vivienda. También se pudo constatar que en dicho domicilio la menor y otras jóvenes, algunas también menores de edad, estaban siendo explotadas sexualmente por los propietarios del inmueble.

A través de los datos aportados por las víctimas y gracias a otras informaciones obtenidas por los investigadores, se pudo comprobar que ese domicilio constituía sólo una parte de una red bien estructurada, con capacidad para captar y explotar sexualmente a menores de edad. Al frente de esta organización estaban tres mujeres -ayudadas por las parejas de dos de ellas-, responsables de la explotación de las jóvenes y de coordinar las labores de captación.

Cada una de ellas gestionaba un piso-prostíbulo, en el que disponían de un book fotográfico que mostraban a los clientes con fotos de aproximadamente 400 mujeres, entre las que se encontraban 12 menores (ocho latinoamericanas y cuatro españolas), para servicios sexuales bien en el piso-prostíbulo o a domicilio.

En un segundo nivel se hallaban las encargadas de captar directamente a las jóvenes para ponerlas en contacto con las jefas. Alguna de las captadoras incluso elaboraba coartadas para las menores que explotaba, presentándose ante los tutores o progenitores de las adolescentes como una madre necesitada de niñera para el cuidado de sus hijos.

También formaban parte del entramado varios chóferes, que se ocupaban de los desplazamientos de las mujeres. En el último escalón se hallaban los clientes, a los que se ofrecían o ellos mismos solicitaban, chicas menores de edad.

Las menores eran captadas por tres vías: a través de compañeras de colegio, en discotecas o en Internet, aprovechándose de los anuncios que ponían las menores buscando trabajo como camareras, para el cuidado de ancianos, de niños o de limpieza. Contactaban con ellas y las convencían para que comenzasen a trabajar como masajistas.

La vía de comunicación entre las tres responsables de la trama y sus clientes, de alto nivel adquisitivo, en la mayoría de los casos era a través de Whastapp y diferentes redes sociales. Aunque cada explotadora sexual tenía sus chicas y su cartera de clientes, existía un intercambio habitual en ambos sentidos.

Durante la investigación han sido identificadas 12 víctimas menores, se han llevado a cabo tres registros domiciliarios y dos inspecciones en locales públicos e intervenido dos vehículos así como numerosa documentación.

La Policía continúa las gestiones de investigación con el fin de identificar, localizar y detener a determinados clientes que solicitaron los servicios sexuales de menores, así como la detección e identificación de más víctimas que pudieran estar siendo explotadas sexualmente

Nueve personas mueren en Canadá en un caso de violencia doméstica

Siete muertos en una vivienda, una mujer en otro domicilio y el presunto asesino

Entre los fallecidos, se encontraban dos niños de muy corta edad

Se trata del peor asesinato en masa de Edmonton de los últimos 60 años

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El restaurante de Edmonton donde apareció el presunto asesino, acordonado por la policía. 

 

La Policía canadiense anunció hoy la muerte de nueve personas en Edmonton, dos de ellos menores, en tres diferentes puntos de la ciudad como consecuencia de "trágicos incidentes de violencia doméstica".

El jefe de la Policía de Edmonton, Rod Knecht, dijo en una rueda de prensa que aunque las fuerzas de seguridad todavía investigan lo sucedido, la hipótesis es que el autor de los asesinatos se suicidó a primera hora del martes.

"Estos sucesos no parecen estar relacionados con bandas criminales sino que son trágicos incidentes de violencia doméstica", explicó Knecht, quien precisó que la Policía "no está buscando otros sospechosos".

Según el relato proporcionado por Knecht, ayer un individuo entró armado en una vivienda de Edmonton y mató a tiros a una mujer. Poco después, la Policía recibió una llamada relacionada con un individuo del que su familia temía que estaba deprimido y con tendencias suicidas.

La Policía acudió a la vivienda pero al no recibir respuesta y no observar nada sospechoso, los agentes abandonaron la dirección sin entrar en el domicilio.

Pero poco después de la medianoche, la Policía regresó al domicilio, donde encontró los cuerpos de siete personas, entre ellos dos menores a los que Knecht describió como un niño y una niña de "muy poca edad".

Finalmente, la Policía localizó en la cercana localidad de Ford Saskatchewan un vehículo relacionado con el individuo cuya familia había alertado presentaba señales de depresión y que estaba asociado con el primer asesinato.

En el interior de un restaurante, los agentes localizaron el cuerpo sin vida del sospechoso de las ocho muertes. Knecht no proporcionó las identidades de los fallecidos y añadió que las muertes son el "peor asesinato en masa" de Edmonton desde hace 60 años.

 

 

“Ya estás gordo para matarte. Voy a por ti”

Hubo un tiempo en que las únicas dos familias que habitaban la remota y desmoronada aldea ourensana de Santoalla compartían la matanza del cerdo con la llegada del frío. Los recién llegados, hace 17 años, eran un matrimonio holandés que soñaba una vida de aguas limpias, aire puro y ganadería ecológica, lejos de Ámsterdam. Y aprendieron la tradición de los nativos, de la única familia que quedaba en el pueblo después de la estampida emigrante que dejó medio centenar de casas vacías. Pero la armonía no duró demasiado. Los extranjeros descubrieron que tenían derechos sobre el monte comunal y lo reclamaron en los juzgados.

Así que la guerra se desató en este paraje montañoso, bello y desolado del municipio de Petín. Y el vecino holandés, Martin Albert Verfondern,empezó a registrar en vídeos y fotos todos los choques violentos que se sucedían en Santoalla. Hace casi cuatro años, el 19 de enero de 2010, a punto de cumplir los 53, lo mataron. Escondieron su coche y su cadáver en un monte a 12 kilómetros en línea recta. Los restos, roídos por las alimañas, aparecieron el pasado mes de junio.
 En el disco duro del holandés también quedaron grabadas varias amenazas que ahora, a la luz de los acontecimientos que se han precipitado esta semana, cobran un cariz siniestro. Una juez de O Barco de Valdeorras decretó prisión provisional por presunto homicidio para Juan Carlos Rodríguez González, el vecino discapacitado psíquico que, en una de las grabaciones que Verfondern hizo llegar a EL PAÍS cuatro meses antes de desaparecer, dice que va a por él: “Voy a por ti. Que estás muy gordo ya para matarte”. Rodríguez fue detenido el sábado pasado y confesó ante la Guardia Civil el domingo.

Eso de “voy a por ti” era la respuesta, rifle al hombro, del miembro del clan local a una pregunta formulada por el holandés: “¿Vas por el jabalí?”. En aquel momento la contestación podía parecer una broma, un juego de palabras en referencia a los animales que mataban, pero Verfondern no lo veía así. Intuía su final. Y en aquellos meses viajó a su país para contratar un seguro de vida. Y pidió a su esposa, Margo Pool, que si moría no lo repatriase: “Cuando me muera me pones en la tierra con un letrero que diga ‘Aquí crece Martin, el holandés de Petín”.

El labrador extranjero creó su propia teoría sobre aquella “peligrosa” convivencia: lo llamaba “terrorismo rural”. No salía jamás de su casa —situada en el extremo opuesto del pueblo a la de sus enemigos— sin una cámara o el teléfono móvil presto a disparar. Así, a lo largo de sus últimos años, sobre todo desde febrero de 2009 hasta que se esfumó sin dejar rastro aparente en 2010, fue haciendo acopio de un archivo gráfico que en parte fue a parar al juzgado y en parte a algunos medios de comunicación. En la recopilación que facilitó a este periódico en septiembre de 2009 constan fotografías de las personas que, según comentaba entonces, podrían acabar siendo sus verdugos. También hay imágenes de animales enfermos, agonizantes o muertos. Y otros ya en cadáver descarnado, abandonados en el cauce del otrora riachuelo cristalino junto a un cúmulo de inmundicia, electrodomésticos rotos y un coche oxidado. Empeñado en llevar a cabo su proyecto vital en medio de una naturaleza casi virgen, Verfondern clamaba contra el atraso de la aldea y denunciaba que sus vecinos se lo hacían “imposible” practicando el “maltrato animal” y tirando basura al río.

El presunto homicida, Juan Carlos Rodríguez, en una foto realizada por el propio Martin Verfondern.

Después de llegar hasta Argentina buscando un lugar “libre de energía nuclear”, Verfondern y Pool compraron una casa en Santoalla hace ahora 17 años. Al principio comían en la mesa de los Rodríguez, compartían aperos, usaban su agua caliente y su teléfono. Pero la disputa por los montes comunales, casi 500 hectáreas de pinar con mucha madera que vender, despertó el odio mutuo. El alcalde de Petín, Miguel Bautista, comentaba poco antes de la desaparición de Verfondern que para colmo habían pasado por el pueblo “las eólicas” y les habían “calentado la cabeza a todos”, con la promesa de 6.000 euros por cada uno de los 25 molinos que querían instalar. “Espero que la sangre no llegue al río”, concluía sin saber lo que se avecinaba.

Juan Carlos Rodríguez, de 47 años, y su hermano Julio, de 51, fueron arrestados el fin de semana pasado. El primero en confesar fue el menor, con una minusvalía del 70%. El mayor se resistió, pero el lunes admitió su colaboración. La juez le prohíbe acercarse a Santoalla y a la viuda de Verfondern. Reconocieron que el extranjero murió de un disparo, y la Guardia Civil halló en un registro la pistola que los agentes suponen el arma homicida. Además de la muerte que se le imputa al primero, el instituto armado también habla de un posible delito de tenencia ilícita de armas. No obstante, los Rodríguez eran cazadores y usaban escopetas.

Verfondern grabó también sabotajes a sus cosechas; la muerte lenta de una oveja abandonada a su suerte; o el supuesto garrotazo del patriarca del clan, ofendido por su continuo trasiego cámara en ristre. Y mandó instantáneas del golpe que recibió en la nuca “con el mango de un hacha” y del dedo que, según denunció en el juzgado, le rompió a palos el octogenario padre de Carlos y Julio. “Ya me han atacado con el hacha, con palos, con hoces...”, resumía, “y cualquier día Carlos me dispara: tiene el cerebro de un niño de 10 años. Cuando se pone nervioso grita ‘¡voy a coger el rifle!”.
Fuente: Diario El País

‘Ertzainas’, policías locales y alumnos de la UPV debaten sobre ciberdelicuencia